lunes 10 de septiembre del 2001
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Chihuahua, Chihuahua, 10 de septiembre, 2001
(CIMAC).-
Mediante una acción urgente,
mujeres de la sociedad civil solicitaron apoyo de legisladores federales
para revertir las reformas al Código Penal de Chihuahua que garantizarán
impunidad a aquellos violadores que pudieran demostrar “provocación”
de las víctimas.Al poner sobre la mesa la posibilidad de que las familias de cualquier legislador pueda ser víctima de alguna agresión sexual sin posibilidad de obtener justicia, solicitaron a diputadas y diputados federales una amonestación a sus correligionarios del estado de Chihuahua.
Al recordar que fue la protesta organizada por la población femenina en Guanajuato que presionó al gobernador a vetar en el año 2000 las reformas penales que castigaban el aborto aún después de una violación, las firmantes reiteran el retroceso legal para castigar la comisión de delitos sexuales en la entidad con el mayor índice de violación y homicidio de mujeres.
La misiva va dirigida al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, a la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad --autores de la propuesta-- a la presidenta de la Cámara Federal de Diputados, Beatriz Paredes, así como a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en esta última cámara, Concepción González Molina. Diputada Concepción González Molina.
Consideran que “son una profunda humillación para las mujeres que habrán de ser acusadas de provocar al violador, en tanto pasarán a ser criminales en vez de víctimas.”
Las reformas propuestas legalizan el crimen al perdonar al agresor si la víctima mayor de 12 años se dedica a la prostitución, con lo que se violentan los derechos humanos de esas jóvenes y toda la legislación a la protección de la infancia.
Otro retroceso, consideraron, es asumir que la introducción de objetos distintos al miembro viril o por vía distinta a la vaginal no son violación sino mero abuso sexual, dando al violador la posibilidad de salir libre en 36 horas.