lunes 10 de septiembre del 2001
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Santiago, Chile, 10 de septiembre, 2001
(CIMAC).-
A través de su viceministro, Ernesto
Behnke, la ministra de salud Michel Bachelet, anunció que apoyará la
aprobación de la anticoncepción de emergencia por parte del Instituto de
Salud Pública (ISP) y que buscará “abrir un debate más amplio sobre el
tema” si las organizaciones no gubernamentales que se oponen al aborto
persisten en acciones legales para bloquear la distribución de estas
píldoras en Chile. La ministra de Salud de decidió refrendar la aprobación que hiciera el ISP de la distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE) de la marca alemana Grunenthal, momentos antes de que la Corte Suprema de este país le prohibiera a otra compañía distribuir la píldora, el pasado jueves 5 de septiembre, publicó el semanario electrónico Tertulia.
Agregó que “este debate debe abrirse a todos los grupos con autoridad en el campo... Debemos establecer cómo funciona el medicamento, y si de alguna manera contraviene la Constitución".
El aborto es ilegal en Chile y los grupos anti-aborto alegan que la AE es similar al aborto. Esas organizaciones también consideran que los dispositivos intrauterinos (DIU) tienen "efectos abortivos", pero sus abogados negaron la existencia de planes para apelar la distribución legal de los DIU, ya que éstos han sido utilizados en Chile desde finales de los años sesenta.
El debate sobre la AE ha “expuesto las profundas grietas en la sociedad chilena”, según analistas que aseguran que el asunto es “parte de una lucha más grande” entre el gobierno de tendencia izquierdista y los “tradicionalistas liderados por la iglesia católica”.
El grupo conservador Destino de Chile declaró que “la distribución gratuita de esta droga -promovida como un anticonceptivo inofensivo- abre las puertas de la nación a la terrible lacra del aborto y su siniestra cultura de muerte”.
Sin embargo, el vocero gubernamental Claudio Huepe, citado en un artículo de Alistair Bell publicado por la agencia Reuters el 31 de agosto, dijo, “es el ministerio de Salud el que rige las políticas en estos asuntos y no creemos que sea apropiado que las cortes de ley pasen por encima de las autoridades de salud”.