No garantizó ninguna protecció

Según el gobernador yucateco, hay avances en la investigación en el caso de César Salazar

Mérida, Yucatán, 26 de septiembre, 2001 (CIMAC).- Luego de que el caso del joven actor César Salazar Góngora fuera empantanado por la Procuraduría del estado de Yucatán, el procurador de justicia de ese estado Miguel Angel Díaz Herrera, manifestó el día de ayer a diversos medios que "las investigaciones tienen un buen avance".

Sin embargo, no supo precisar o no quiso declarar en qué aspectos se ha avanzado "por razones de sigilo y (porque) no se pueden dar a conocer para no entorpecer la averiguación en macha", informó en su edición del día de hoy el periódico local Por Esto!, como recoge la agencia Notiese.

Al ser cuestionado sobre el llamamiento de Amnistía Internacional del 19 de septiembre para que se atienda la denuncia del afectado y se dé protección a su familia, Díaz Herrera expuso que es muy apresurada la intervención de este organismo porque la "Procuraduría todavía está investigando la comisión del delito denunciado y la probable responsabilidad de los culpables y si esto es así, se procederá conforme a derecho".

Sin reparar en la negligencia del Ministerio Público para la realización de la averiguación previa y menos aún en la protección que él mismo no le garantizó a César Salazar para evitar nuevos ataques de sus agresores, el procurador se mostró "extrañado" por la intervención de Amnistía Internacional diciendo que "en la averiguación no se ha podido aún determinar la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de algunos inculpados.

Al no justificarse todavía la existencia de hechos delictuosos, donde no se habla de presuntos responsables y si existen, la Procuraduría no sabe quiénes son, a qué clase social pertenecen los delincuentes o si son parientes de algún funcionario de gobierno", dijo Díaz Herrera.

Una vez más, lejos de aceptar las irregularidades y los excesos judiciales en que han incurrido las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y la misma Procuraduría a su cargo en el caso del joven, Díaz Herrera arremetió contra el testimonio jurado del joven al dejar entrever que es falso que haya interpuesto una primera denuncia y que lo que pudo haber ocurrido fue que no la hubiera levantado correctamente, "porque no figura su primera comparecencia en libreta de audiencias de ninguna de las agencias especializadas en delitos sexuales y a que en el Servicio Médico Forense no hay datos de reconocimiento médico".

Al declarar de esta manera tan ligera, Díaz Herrera olvidó que al momento de presentar su segunda denuncia el día 28 de agosto, la titular de la Agencia 21, Mónica Sánchez, hizo jurar a César Salazar que todo lo que denunciaba era verdad porque si no era así estaría incurriendo en delito.

Después del juramento, el afectado ratificó que había presentado una denuncia el 13 de agosto y que ese mismo día había sido sometido a revisión médica en el Ministerio Público. Al parecer, el señor procurador adoptó las mismas actitudes de burócrata que evidenciaron las titulares de las agencias los días que el joven acudió a levantar sus denuncias.

El procurador ignoró también que el mismo César Salazar Góngora le manifestó en la entrevista del 4 de septiembre en sus oficinas de la calle 66, que tenía las pruebas de las agresiones a su persona y que contaba con testigos para todo lo que había manifestado en la denuncia que dio origen a la averiguación 168/21º/01.

A pesar de que el Díaz Herrera ya sabe de los ataques a César de parte banda de delincuentes en el domicilio de sus padres, como si no estuviera enterado del asunto manifestó que, personalmente, la titular de la Agencia 21, Mónica Sánchez, acudió al domicilio del agraviado, junto con el agente de la policía judicial asignado al caso, José Poot Collí, la primera con el fin de entregarle una carta de comparecencia y el segundo para que el agraviado amplíe sus declaraciones y aporte más datos.

Al cuestionar al procurador sobre su posible presencia, al igual que la del gobernador, Patricio Patrón Laviada, en la casa del afectado, muy lejos de responder a los entrevistadores con una rotunda negativa a la pregunta, manifestó que "es un absurdo que se crea que haya ido el gobernador (a casa de la familia Salazar Góngora), teniendo otros (asuntos) de mayor importancia que éste".

Finalmente, como si se tratara nada más de lavarse las manos frente a los medios impresos y electrónicos de Yucatán, ofreció que el día que la víctima proporcione elementos suficientes para conocer los hechos que ha denunciado, él lo atenderá personalmente, incluso en su privado. Hizo incluso hincapié de que la procuración de justicia es sin distinción y que él pondrá el expediente a la vista del joven cuando éste decida verlo, "para que se dé cuenta del avance de su caso".

Aparte de ese ofrecimiento que en sí no significa ninguna garantía a la seguridad de César Salazar Góngora, y menos aún una investigación en términos de ley que conduzca a la captura inmediata de los peligrosos delincuentes que lo secuestraron, torturaron, violaron de manera tumultuaria y amenazaron de muerte en las últimas semanas, el procurador Miguel Ángel Díaz Herrera, no se comprometió a nada más.