Alrededor del 60% de los embarazos no son deseados

Fundamental continuar con los servicios de planificación familiar que otorga el gobierno

Lima, Perú, 26 de septiembre, 2001 (Rosa Cisneros, corresponsal CIMAC).- En Perú , 60 de cada 100 embarazos no son deseados, destacó el experto en derechos reproductivos y representante de la agencia Pathfinder, Miguel Gutiérrez, por lo que consideró una necesidad preservar los servicios de Planificación Familiar que otorga el Estado para prevenir embarazos no deseados y abortos.

En declaraciones a Milenia Radio, Gutiérrez señaló que agencias de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil apoyan desde hace años programas estatales de planificación familiar enmarcados en el respeto a los derechos humanos.

Negó que estas acciones hayan respondido en algún momento a una política de control de la natalidad, como señaló el actual ministro de Salud, Luis Solari.

El especialista indicó que añadió que de esos 60 de cada 100 embarazos, 300 mil aproximadamente, terminan en abortos.

Aseguró que entre las peruanas y peruanos sexualmente activos existe gran demanda de métodos anticonceptivos seguros, que el Estado ha proporcionado gratuitamente o a bajo costo. “Sería un grave error disminuir la provisión de esos insumos, porque la población más pobre no está en condiciones de comprarlos” opinó.

El doctor Gutiérrez discrepó con el ministro de Salud acerca del despoblamiento de las zonas rurales como supuesta consecuencia de la política de planificación familiar. Dijo que para explicar ese fenómeno debe analizarse otros factores, como el desplazamiento de las familias hacia las ciudades por pobreza o la violencia que los últimos años sufrió Perú.

El ministro Solari denunció recientemente que ciertas organizaciones no gubernamentales y agencias extranjeras colaboraron con un plan de control natal dirigido por el depuesto presidente Alberto Fujimori . Se refirió así a casos de anticoncepción quirúrgica ocurridos en el anterior gobierno, sin la debida información y, en algunas ocasiones, sin el consentimiento de las mujeres.

Organizaciones feministas investigaron y denunciaron esa situación. La Defensoría de la Mujer también intervino y formuló recomendaciones para proteger los derechos humanos de las usuarias de los servicios de planificación familiar.

Actualmente el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) reclama que el Estado indemnice a las mujeres que fueron afectadas, pero también demanda que la ciudadanía tengan acceso a todos los métodos anticonceptivos y a una adecuada información para que puedan decidir sobre su vida sexual.