martes 23 de noviembre de 1999

  • La Alta Comisionada de la ONU, les concederá 20 minutos

  • Mujeres indígenas entregarán informe sobre violación de sus derechos humanos a Mary Robinson

    México DF, NOV 23, 1999 (Silvia Magally/CIMAC) .- Representantes de 20 organizaciones que integran la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, se reunirán el próximo sábado con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, a quien le entregarán un informe de la situación de los pueblos indios en México y en especial de las mujeres, quienes constantemente ven violentados sus derechos humanos.

    En conferencia de prensa, Margarita González, representante del céntrico estado de Hidalgo y Marta Sánchez de Guerrero, en el sur, observaron que aunque la funcionaria no viene a México en calidad de relatora de la ONU, se le darán a conocer casos documentados acerca de violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas.

    Durante la reunión con Mary Robinson -que apenas durará 20 minutos-, las indígenas hablarán de las esterilizaciones forzadas, sobre problemas de tenencia de la tierra y de violaciones sexuales a mujeres indígenas por parte de grupos paramilitares, entre los principales temas.

    Informaron además que Robinson, ex presidenta de Irlanda, vendrá a México en su calidad de coordinadora general del Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo, que fue aprobado por Naciones Unidas en 1993 y que inició el 10 de diciembre de 1994, con la meta de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en cuanto a derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

    En el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, las indígenas expresaron que hasta ahora los pueblos indios y las mujeres han sido excluidos de todos los pactos de poder, de las leyes, y de los procesos democráticos. Sin embargo, agregaron, en los últimos años se han convertido en constructores de movimientos sociales, al destacar que a pesar de los avances políticos, sociales y económicos que tanto pregona el gobierno, el inicio del milenio seguirá permeado por la lucha constante para la solución de sus demandas básicas.

    Manifestaron que los 10 millones o más habitantes que representan los pueblos indios tienen necesidades insatisfechas y en cuanto a ciudadanía, continúan reclamando ser reconocidos como sujetos de derecho.

    Tras advertir que no desean seguir siendo las subordinadas del próximo siglo y sí salir de la opresión y de la exclusión, observaron que la construcción de la ciudadanía para las mujeres indígenas atraviesa por el reconocimiento de sus derechos reproductivos y humanos y confronta poderes, tanto en el terreno del Estado y del sistema legal vigente, como dentro de las comunidades indígenas al reclamar sus propias necesidades y cuestionar abusos y costumbres que violentan sus derechos.

    Denunciaron también la violación de los derechos reproductivos en los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, donde se realizan esterilizaciones involuntarias a mujeres indígenas y la vasectomía a los hombres, como parte de los programas de gubernamental de “ayuda” a través de Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y el Programa de Apoyo al Campo (Procampo). Esta ayuda, muchas veces condicionada, consistente en el pago de 100 a 500 pesos mensuales, ropa y despensas.

    Hicieron hincapié en que las violaciones de los derechos humanos de las mujeres bajo conflictos armados atentan contra la legislación internacional, dado que son víctimas de tratos inhumanos y degradantes, ejecuciones sumarias, desapariciones, detenciones arbitrarias, discriminación racial, limpieza étnica, intolerancia religiosa, violaciones, esclavitud sexual, embarazos forzados además de ser despojadas de sus bienes y de convertirse en personas desplazadas de su lugar de origen o refugiadas en otros países.

    Exigieron al Estado mexicano prestar especial atención a la situación de los pueblos indígenas y aprobar los Acuerdos de San Andrés como un primer paso para cambiar la situación de los pueblos indios.

    Igualmente demandaron establecer un fondo voluntario de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales así como de instituciones privadas para financiar proyectos y programas antes de que concluya el decenio.

    Finalmente, urgieron al establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas dentro del sistema de las Naciones Unidas así como constituir un comité nacional -en México-, para el impulso del Decenio para poder planificar y ejecutar los planes de acción que deben incluir de manera significativa a las mujeres.

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