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miércoles 24 de noviembre de 1999 | ||
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Las profesionales del derecho hicieron este pronunciamiento ante el crecimiento exagerado de demandas por alimentos en los ámbitos judicial y extrajudicial. En las defensorías del Niño y el Adolescente, las quejas por pago de alimentos constituyen casi la mitad de las denuncias. En los consultorios jurídicos gratuitos por lo menos 80 por ciento de los casos son por esa causa. La abogada Grecia Rojas, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán manifestó que las leyes vigentes fomentan una cultura de irresponsabilidad e impunidad masculina y señaló que actualmente las mujeres gastan dinero en trámites y abogados, para obtener después de varios meses una sentencia que probablemente no será obedecida por el demandado. Aunque la ley peruana contempla la posibilidad de iniciar acción penal por incumplimiento de sentencia por alimentos, la levedad de la condena impide una prisión efectiva para quien incumple sus obligaciones. La abogada Cecilia Aldave, especialista en derecho de familia destacó la necesidad de elevar la penalidad para quienes se resisten a acatar el mandato judicial por alimentos. Pero, agregó, también hay que apostar por la educación de la población en el cumplimiento de sus responsabilidades.
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