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México, DF., NOV 30, 1999
(Sonia del Valle/CIMAC).-
La
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas solicitó a la Alta
Comisionada de Naciones Unidas, Mary Robinson, nombrar una
misión especial para México o una intermediación cuyos esfuerzos
se enfoquen a reiniciar el diálogo en Chiapas.Demandaron en una carta entregada a la representante de Naciones Unidas al término de su visita a este país, como primer paso instar al gobierno mexicano a comprometerse a cumplir con los Acuerdos de San Andrés y que reconozca en el marco del Decenio de los Pueblos Indios de la ONU las violaciones de que han sido objeto las mujeres en el estado de Chiapas.
Denunciaron que como resultado de la creciente militarización en el estado, las indígenas han sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes, ejecuciones sumarias, desapariciones, detenciones arbitrarias, discriminación racial, intolerancia religiosa, violaciones, abusos, esterilizaciones forzadas, además de ser despojadas de sus bienes y convertirse en personas desplazadas.
Solicitaron de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas su intervención para exigir al gobierno mexicano el esclarecimiento, la investigación, el enjuiciamiento y castigo de los miembros de la policía, las fuerzas de seguridad y armadas que han ejecutado actos de violencia en contra de las mujeres indígenas.
La carta que fue entregada en Chiapas, durante la visita que hiciera Mary Robinson a ese estado sureño, señala que aún cuando se han hecho públicas las denuncias de abusos y violaciones en contra de las mujeres indígenas a través de los medios de comunicación, en las instancias de gobierno encargadas de investigar los hechos, en las comisiones de derechos humanos y organismos internacionales, hasta el momento las investigaciones están detenidas.
Al contrario, menciona la Coordinadora, las mujeres indígenas que han persistido en su búsqueda de justicia han sufrido las consecuencias del hostigamiento y las amenazas a familiares y por ende a ellas. “La total impunidad es lo que en estos últimos dos años ha reforzado que los militares se sigan sintiendo con el derecho de seguir violando mujeres y asesinando a dirigentes indígenas”.