|
|
 |
por Guadalupe Elósegui Uno de los sectores más vulnerables de la población es sin lugar a dudas la niñez. Sobre ella mucha veces se ejerce el poder de una forma que más bien recuerda la relación esclavo-amo, bajo una potestad ejercida tiránicamente en nombre de la maternidad o la paternidad.
Pero no sólo ese poder se aplica y violenta los derechos elementales de niños y niñas. La sociedad también contribuye con variados ejemplos a ilustrar lo que es capaz de hacer contra estos menores ahora, como para que éstos vayan sabiendo lo que les depara el futuro.
Dos casos recientes ilustran esas atrocidades.
Me refiero, en primer lugar, a la batalla entablada en torno del niño cubano Elián González, sobreviviente al naufragio de una balsa que lo conduciría con su madre y otras personas a las playas de Florida, el 25 de noviembre pasado. El menor fue entregado en custodia temporal a sus tíos abuelos en Miami, mientras su padre, Juan Miguel González, y sus cuatro abuelos, reclaman su repatriación a Cuba.
Desde hace más de un mes, una intensa movilización de grupos anticastristas estadounidenses radicados en la Florida y por otra parte ciudadanos cubanos, con la intervención de sus respectivos gobiernos, ha colocado al menor en la calidad de botín político.
¿Qué puede saber un niño de broncas políticas, de ideologías? ¿Alguien se ha interesado en saber lo que pasa por su cabeza luego de haber estado a punto de morir en el mar, de haber perdido a su madre? ¿Podrán sustituir con viajes a Disneyworld, con juguetes, ropa, amigos nuevos, el amor de su padre? ¿Qué idea de libertad, de bienestar, se le está proponiendo? ¿Dónde están sus derechos a tener una familia, una nacionalidad, una cultura, una lengua, y más que eso, una voz propia? ¿Alguien le ha preguntado acaso qué es lo que él desea?
El otro caso, igualmente atroz, por cuanto implica una reiterada violación a los derechos humanos de una menor, sucede en nuestro país.
Una niña de 14 años fue violada en Mexicali, y el resultado es un embarazo. Llevado el caso ante los tribunales, fue extendida la orden por un juez para que se le practicara un aborto a la muchachita, gracias a la legislación en vigor en Baja California que contempla la despenalización en caso de embarazo por violación.
Sin embargo, el doctor Ismael Avila Iñiguez, director del Hospital General de Mexicali, aduciendo objeción de conciencia, le negó el servicio en dicho nosocomio a la niña, a pesar de que ésta contaba con la orden judicial correspondiente.
No conforme con ello, el propio galeno hizo público el caso a los medios y lo notificó a la delegación Pro-Vida de esa ciudad, organismo que empezó una campaña para presionar a la menor y a su familia a desistirse de la decisión. El tiempo ha pasado y ya no es posible realizarle el aborto en términos de relativa seguridad.
¿Cómo es posible que un funcionario al servicio de una institución dependiente de un gobierno laico, enarbole sus muy particulares convicciones religiosos y morales para negarse a atender la salud de una paciente, pasando por encima del mandato de la ley? ¿Por qué no se procuró la intervención de otros profesionales de la salud que no antepusieran su "buena conciencia" ante un hecho que ya de por sí es aberrante, y afectará la salud física, emocional y psicológica de una niña? ¿De qué sirve tener la legislación más avanzada si hay funcionarios retrógradas que van a impedir su aplicación? ¿Es muy moral exhibir a esa niña ante la opinión pública, y estigmatizar aún más a quien ya ha sido víctima?
¿Es el colmo de la buena conciencia ofrecerla también como botín político para darle más cuerda a la lucha de grupos conservadores que sólo tratan de "defender la vida", pasando por encima de la vida de otros?
Mal andamos cuando esos pretendidos defensores de los derechos tuercen de raíz a la raíz. gelosegm@hotmail.com