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Nueva York, NY MAR, 2000
(Sonia del Valle, CIMAC enviada).-
Existe el riesgo de que en las Naciones Unidas, los gobiernos del
mundo eviten consensuar la agenda para lograr la igualdad, el
desarrollo y la paz en el marco de los derechos humanos de la
población femenina.En el fondo del debate está la redefinición no sólo de los recursos económicos de los países para disminuir el gasto militar, sino de las políticas económicas mundiales; el fin de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, al demandar de sus países la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y el cuestionamiento de las mujeres sobre temas como el de la diversidad de cara a la homogeneización.
Al abrir la discusión de la Plataforma de Acción Mundial (PAM), consensuada por 189 países hace cinco años en Pekín, China, que contiene 12 temas prioritarios para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz, las mujeres han demandado avanzar en acciones a futuro y compromisos mas allá de las palabras, pero han puesto sobre la mesa los nuevos retos que enfrenta la humanidad en su conjunto: el VIH/Sida, la migración internacional, el compromiso de los gobiernos con los derechos económicos de la población, la participación de las mujeres en la resolución de los conflictos armados y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los gobiernos lo saben y, a toda respuesta, en los seis días que lleva la Conferencia Preparatoria para la revisión de los acuerdos de la PAM, y que se denomina: Pekín+5, su estrategia ha sido llevar los cuestionamientos de las mujeres a un plano no sólo enunciativo y de buena voluntad, sino exclusivo de derechos y necesidades de las mujeres. De los temas de fondo, ni una palabra.
El resultado: negociaciones lentas, discusiones sobre el lenguaje sin ninguna relevancia política, sobre todo en el bloque de países que conforman el Grupo de los 77, donde se ubica la mayoría de los países pobres: árabes, latinoamericanos y caribeños con la colaboración de la Santa Sede.
Son discusiones que se extienden por horas para definir qué redacción es mejor: "aplicar la PAM o poner en práctica la PAM", pero el tiempo transcurre y de no llegar a consensos para el próximo sábado, los gobiernos también saben que pueden realizar una sesión intersesional para mayo, con la certeza de que las más de mil 100 mujeres de todo el mundo que están aquí reunidas, no podrán asistir ni en cantidad ni en calidad para asegurar que sus demandas queden plasmadas en el documento denominado "Nuevas medidas e iniciativas para aplicar la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín".
El mundo ha cambiado en los últimos cinco años, los cuales han estado marcados por una economía cada vez más integrada mundialmente. Hoy se manifiesta en el crecimiento del comercio, la tecnología y las corrientes financieras, en el constante aumento y participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de negociación de las Naciones Unidas; en las operaciones mundiales de las empresas trasnacionales, y el intercambio de información y comunicación transfronteriza a través de Internet.
Asimismo, como consecuencia de la CCMM, 16 estados más firmaron la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), siendo ya un total de 135 países; se aprobó el 3 de diciembre pasado el Protocolo Facultativo de la CEDAW --para que las mujeres puedan presentar quejas individuales a Naciones Unidas por violación a sus derechos humanos--, y 24 países ya lo han firmado.
En el caso de la región latinoamericana, 29 de los 35 Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos han suscrito la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 15 de ellos después de Pekín.
A la par, como lo señala el informe del secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, "Examen y Evaluación de la Plataforma de Acción de Pekín", el crecimiento económico fomentado por las políticas de liberalización ha estado acompañado por el aumento de la desigualdad, el descenso del nivel de vida y el fomento de una cultura de gratificación instantánea mediante el consumo de bienes materiales.
Los 189 países que se comprometieron hace cinco años a garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres al firmar la PAM en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (CCMM), podrían decir que han cumplido en términos generales, pues fueron creados 116 programas, institutos o secretarias de la mujer en el mundo o modificaron sus legislaciones nacionales para que las mujeres puedan acceder a los puestos de toma de decisión en sus países.
Por otro lado, tal como lo afirma el informe del secretario general, tras recibir 135 informes de los 189 sobre la aplicación de la PAM solicitados por el Comisión de la Condición Jurídica y Social de Naciones Unidas --encargada de darle seguimiento a los acuerdos de Pekín--, los gobiernos han centrado sus esfuerzos fundamentalmente en el área de salud, educación, participación política de las mujeres y violencia.
También se han promulgado leyes para prohibir el tráfico de mujeres y la explotación sexual; los anuncios para contratar personal que hacen referencia al sexo o el examen de no gravidez y el despido por embarazo. Pero estos logros si bien son importantes, no son de "todos" los países, ni de "la mayoría", sino sólo de "algunos países".
Para muchas de las mujeres de las ONG, los logros alcanzados en Pekín no han reflejado avances para las mujeres y, por el contrario, "están en riesgo de perderse en este proceso de revisión, porque lejos de avanzar, en este momento estamos defendiendo lo ganado". Sobre todo en las negociaciones al interior del G77.
El G77 ha mencionado durante los últimos seis días que su principal obstáculo para aplicar la PAM ha sido la falta de recursos económicos, ya sea por el impacto de las crisis financieras o porque los países ricos no destinaron el 0.7 por ciento de su Producto Interno Bruto al desarrollo como lo comprometieron en Pekín.
Pero para las ONG, el principal obstáculo es la falta de voluntad política de los gobiernos para redefinir los recursos existentes o cambiar las leyes y lograr mecanismos de vigilancia para sancionar su cumplimiento o redefinir los programas de gobierno tomando en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres.
Tal como lo señalaron las delegadas de Venezuela, Brasil y Panamá, en el fondo de discusiones “tan complicadas y lentas” entre los países está "no querer reconocer los avances ni retrocesos para no tener que comprometerse con las mujeres".
Lo anterior se ha visto también reflejado en la escasa participación de delegaciones oficiales durante la negociación. Tal es el caso de los países caribeños, que no están. En tanto que la mayoría de los países africanos y árabes cuentan sólo con la representación de las misiones diplomáticas en Naciones Unidas en la Conferencia Preparatoria sobre Pekín+5 y el caso de México, la propia embajadora Aída González, así como la delegación mexicana reaparecerán en escena hasta esta semana.
Todo ello a pesar de que se revisa el documento político más importante para las mujeres que constituye "el cambio fundamental de la sociedad mundial para alcanzar la igualdad entre los hombres y las mujeres", tal como lo señala el informe de Kofi Annan.
Destaca: "La igualdad entre hombres y mujeres exige voluntad política de los gobiernos, mecanismos de rendición de cuentas y una transformación de la sociedad, además de bancos de datos desagregados por sexo, adopción de decisiones políticas y económicas, cambios jurídicos e institucionales y programas de gobierno, a la par de la asignación de recursos".