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Por Inés Castro Apreza. En su cierre de campaña el sábado pasado, Pablo Salazar Mendiguchía, candidato a gobernador de la Alianza por Chiapas, difundió un hecho que consterna a la opinión pública. En San Juan Chamula, bien conocido en las últimas semanas por el tema de la compra-venta de mujeres indígenas, se ha violado, una vez más, el derecho a la libertad religiosa y política.
Dos mujeres fueron encarceladas por profesar una religión distinta a la "tradicionalista" --la mayoritaria y obligatoria en ese municipio-- y por haberse asumido públicamente como simpatizantes de la Alianza por Chiapas, mientras que los pobladores deben ser militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" documenta el caso de las mujeres, entre la larga serie de violaciones a los derechos humanos en San Juan Chamula. Uno de los denunciantes del mismo, quien también dijo pertenecer al Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó aquí su preocupación porque ellas, en especial la mujer joven y soltera, pudiesen ser objeto de vejaciones sexuales.
La opción religiosa y política vuelve a estar a la orden del día en el centro de disputas inconciliables, algo que ha llegado hasta al propio candidato aliancista. Su opción religiosa es bien conocida y ha sido tema de manipulación política. Un escrito difundido masivamente vía correo electrónico --el medio favorito, hoy por hoy, dada su eficacia y rapidez-- llama a votar por Sami David, dado que es católico y no evangélico como Pablo Salazar.
Pero no es esto lo único que ocurre en Chiapas en estos días; otras cuestiones se plantean en los diferentes municipios. Hay mujeres campesinas, por ejemplo, que piensan que la alternancia en el poder, el 2 de julio, y la que pueda darse el 20 de agosto próximo constituyen el primer paso para generar otros cambios impostergables. Pero, por eso mismo, la alternancia no resulta suficiente por sí misma: la reflexión postelectoral ha marcado entonces una buena parte de los debates en curso, en especial en la franja zapatista y la así llamada sociedad civil.
¿Cómo y qué hacer para que los candidatos, una vez que ganan las elecciones, cumplan lo prometido y no se alejen del pueblo? ¿Cómo hacer para que cumplan, en particular, los Acuerdos de San Andrés, tal como se comprometió Vicente Fox y como lo ha hecho, en su momento, Pablo Salazar? ¿Qué hacer para asegurar que se realice la cuarta mesa del diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), referente a los derechos de las mujeres?
Incredulidad y esperanza se combinan en estos momentos; el "qué hacer" programático de raíz milenaria está, a su vez, a la orden del día.
Incredulidad porque el mismo Pablo Salazar, por ejemplo, no tuvo un buen papel en algún municipio de la Sierra, a decir de una anciana fundadora del Partido Comunista de Chiapas quien ha luchado durante décadas por un cambio social y para quien este candidato tuvo un comportamiento "prepotente". Desde hace tiempo militante del PRD, ella, además, ahora cae en la cuenta de que, pese al inmenso trabajo realizado, las mujeres se encuentran marginadas de la toma de decisiones y de los frutos de un desarrollo económico que, por añadidura, no ha llegado a todos los rincones del país.
Incredulidad también porque ahí donde el PRD ya es gobierno, las autoridades municipales se olvidan de su pueblo, se apartan de los ideales comunitarios y llegan incluso a bloquear el proceso organizativo de las mujeres. Por ello algunas dicen: PRI y PRD "son lo mismo".
Sin que ellas lo verbalicen así, la alternancia muestra entonces los límites de la democracia liberal --y no sólo en tierra india--, así como lo que feministas de todo el mundo han señalado, a saber, que la sociedad patriarcal es el problema y no sólo un modo de producción o un sistema político de gobierno. No es siempre ni únicamente un asunto de partidos y banderas, sino de pautas histórico-culturales profundamente arraigadas.
¿Qué hacer entonces? Es la pregunta corriente, precisamente porque si algo mueve los ideales y la lucha de estas mujeres, de estos hombres, es la esperanza de tener condiciones de vida diferentes a las que se han tenido.
El ideal de libertad de expresión religiosa y política, el derecho a la diferencia y a una vida digna; el derecho a ser partícipe en la construcción de la vida comunitaria; el derecho a una autonomía que --aunque apenas empieza a delinear sus contornos y mensajes en el imaginario colectivo-- constituye desde los años setenta un proceso irreversible. Específicamente, la autonomía de la mujer, como dicen indígenas y mestizas, debe empezar en la propia casa.
Y todo ello es parte de lo que se remueve en algunas consciencias femeninas en Chiapas, en estos días de elecciones.