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Por Inés Castro*. El lugar donde fueron masacradas 45 personas, mayoritariamente mujeres y niños/as, fue visitado por Rigoberta Menchú el 20 de agosto último, día de la elección para gobernador. "Acteal de los Mártires", le llaman los pobladores de manera elocuente.
La Premio Nobel de la Paz 1992 se reunió en privado con autoridades y después con un grupo de 200 personas, en su mayoría mujeres, todos pertenecientes a la agrupación "Sociedad Civil Las Abejas". De su reunión privada poco se supo, pero en la pública la líder indígena guatemalteca manifestó su felicidad por "volver a Acteal".
Habló de que ese día era "especial" para Chiapas (a la prensa dirá que las elecciones marcarían la pauta para reiniciar el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal); y de que no sólo era importante vigilar el desarrollo de éstas ese día, sino dar seguimiento a lo que pasará después. Tiene razón: ningún escenario mejor para ello que sendos cambios de partido en el gobierno a nivel federal y estatal.
"Fue un error no haber puesto aquí casillas especiales", dijo en referencia al hecho de que, al contrario del 2 de julio, ahora los pobladores no tuvieron oportunidad de votar en Acteal. Uno de los líderes de la nueva mesa directiva de Las Abejas nos explicó que mujeres y hombres fueron a votar a Canolal, Chimix, Majomut, Yibeljoj, Colonia Puebla y Los Chorros, estas dos últimas comunidades bien conocidas como bastiones de paramilitares. En total, hay mil 200 desplazados --110 familias-- en Acteal, refugiados aquí por la acción destructiva de los paramilitares que, desde hace tres años, los obligaron a huir de sus comunidades perdiendo con ello casas (muchas de ellas quemadas), animales, enseres domésticos y terrenos.
De lo que no habló Rigoberta Menchú en Acteal fue de los Acuerdos de San Andrés. Los y las integrantes de Las Abejas se autodefinen como "Sociedad Civil" para identificarse como "neutrales", pero eso no quiere decir que se aparten de las demandas del EZLN, al contrario. De lo que se alejan claramente es del recurso de las armas: se ven a sí mismos como "pacíficos".
Precisamente por ello fue extraño -aunque no por otras razones- el ataque del 22 de diciembre a este grupo que se ha distinguido por su adopción de la vía pacífica. Las limitaciones y los alcances de ser "sociedad civil" en un contexto de guerra es otro tema, pero resulta por demás paradógico que fuese la masacre de 1997 lo que hiciera voltear los ojos del mundo a Chenalhó e identificarlo como otro foco rojo de la guerra en curso. Que murieran sobre todo mujeres y niños/as en aquella tragedia no hizo sino ratificar que quienes más sufren las consecuencias de una guerra son quienes menos la alientan y la conducen.
La demanda central de Las Abejas, hoy por hoy, es el retorno a sus comunidades de origen; un retorno que debe ser precedido por las indemnizaciones correspondientes a las pérdidas materiales sufridas. El gobierno de Roberto Albores Guillén ha decidido, no obstante, lo contrario, primero el retorno y luego las indemnizaciones. El razonamiento es obvio: "¿Qué condiciones de vida vamos a tener tan pronto volvamos a nuestras comunidades si no contamos con dinero suficiente para reconstruir nuestras casas?".
Por otro lado, Rigoberta Menchú, sin hacer un paralelo preciso con la situación de sus interlocutores, agradeció a Chiapas el hecho de que más de 100 mil guatemaltecos refugiados se cobijaran en los limítrofes del estado y el vecino país. "Nuestra historia es común", dijo, "nuestros éxitos son comunes, no somos diferentes".
Y por esta seguridad transmitida de modo sensible, extraña que la líder indígena haya referido en el pasado a la prensa (igualmente se lo escuché en el Séptimo Congreso Mundial de Mujeres en Tromso, Noruega, en junio de 1999) que ni el EZLN ni el gobierno federal tenían voluntad de diálogo.
Aunque es evidente que los zapatistas han tenido fallos importantes en la conducción del proceso político, basta con saber un poco de la situación de violencia policiaca, militar y paramilitar, de la falta de impartición de justicia y el aliento oficial de conflictos intracomunitarios de manera deliberada, para convencerse de que el mayor responsable de la interrupción del diálogo por la paz ha sido el gobierno estatal y federal.
Ambos gobiernos de filiación priísta, por cierto, han sido también responsables durante los últimos 71 años de la parte más sangrienta de esa "historia común" de los pueblos indígenas y campesinos en Chiapas. Y decir esto no es hacer leña del árbol caído.
* Investigadora del Colegio de la Frontera Sur