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comunicación e información de la mujer semana del 19 al 25 de septiembre del 2000 |
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Lo anterior, lo consideró la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María del Pilar Hernández Martínez en “Reflexiones en torno a la Reforma del Estado, Reforma Constitucional y Poder Constituyente” en la revista Quorum, del Instituto de Investigaciones Legislativas en el Congreso de la Unión. Al explicar que el proceso de transformación del sistema jurídico, político, económico y social mexicano se determinó inicialmente en los cambios de los años sesenta, la doctora en Derecho indicó que “de no ser por la convocatoria del 27 de junio de 1994 en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo para la realización de un llamado a la Convención Nacional Democrática... la publicística nacional no hubiese entrado al análisis de un tema que solamente se había tocado de manera incidental y a propósito de cuestiones en torno de la fuerza normativa de la Constitución.” Los antecedentes de la reforma, afirmó la abogada especialista en derechos constitucionales, se relacionan con la crisis de representación que en los años 60 encabezaban los partidos políticos, sindicatos y asociaciones gremiales, así como el actual esquema que encuentra sus enclaves en la productividad neoliberal a nivel político y económico, en el que el Estado se reduce. Finalmente, se suman a esto, los nuevos actores y actrices que replantean lo que es nacionalismo y la diversidad, como en el caso de la autonomía étnica. Consideró que la propuesta del EZLN incidió en el núcleo duro de la propia vigencia del sistema constitucional mexicano. Concretamente, las mujeres zapatistas, en el marco de la propuesta por una nueva constituyente, exigieron las garantías pertinentes para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades para ser sujetas de la historia y centraron la discusión en los artículos de la Constitución para garantizar la igualdad (artículo cuarto), la educación (tercero) y la propiedad (27), como se asentó en el libro “Las Alzadas”, editado por CIMAC y Convergencia Socialista en 1997. Después de la propuesta zapatista, el siguiente paso hacia la reforma del Estado fueron los Acuerdos de Chapultepec generados en un taller iniciado el 15 de mayo de 1995 en el que participaron muchos de los actuales expertos reunidos en la Mesa de Estudios de la Reforma del Estado que se lleva al cabo bajo la coordinación del excandidato a la presidencia, Porfirio Muñoz Ledo. La agenda para la discusión de la reforma del Estado incluyó en 1995 como interés medular la reforma electoral, la reforma de los poderes públicos incluidas las funciones constitucionales del Estado y las atribuciones presidenciales, así como las iniciativas para fortalecer un sistema federativo, además de una nueva normatividad para la comunicación social, es decir, entre instituciones y sociedad. En el rubro de justicia, la agenda de Chapultepec preveía la actualización de procedimientos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la impartición de justicia. EL ESTADO DE LAS MUJERES Desde el primer momento, el movimiento de mujeres reitera que en la reforma del Estado es imprescindible considerar a la mitad de la población mexicana, la femenina y sus especificidades, cuya realidad constante es la discriminación por parte de cada uno de los elementos del Estado: gobierno y sociedad. La presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Amalia García, ha sostenido que este proceso para reorganizar las relaciones de la sociedad mexicana y nuevas reglas de convivencia social, llamada democracia genérica, requiere de alternativas reales para la construcción de un nuevo orden con igualdad para mujeres y hombres. Añade también que dentro de la reforma a la renovación de la cultura, desde el arte hasta la ciencia y hacia la igualdad de la sociedad, es necesario un marco jurídico renovado que consigne los derechos de las mujeres y asegure su cumplimiento. Un ejemplo concreto sería el cumplimiento en cada uno de las leyes y reglamentos en México del tratado firmado hace 20 años por el gobierno contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres (CEDAW, por sus sigla en inglés). Al final, una reforma del Estado debe garantizar que las mujeres vivan libres de violencia, abusos o discriminación, con oportunidades para una educación no sexista y el fin de la feminización de la pobreza, afirmó García Medina, durante la Jornada de Consulta Ciudadana para la Reforma Política del Estado en agosto de 1999. Durante ese foro, Emma Cerón Díaz, integrante del Colectivo Nosotras y secretaria técnica del Comité por una Maternidad sin Riesgos en Guerrero, coincidió también en que la discriminación debe dejar el papel y los documentos para ser una realidad cotidiana que atraviese todos los niveles gubernamentales. Emma Cerón incluyó la revisión de la legislación entorno a los abortos, su homologación nacional donde se incluya la pobreza, en el contexto de la defensa de los derechos humanos.
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