comunicación e información de la mujer
semana del 26 de septiembre al 2 de octubre del 2000

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  • Metafísica y Políticas de Población

    Ana María Pizarro* --“¡Declárese el 25 de marzo Día del Niño por Nacer!”, ordenó en Buenos Aires el presidente Menem en 1999, y el día se hizo. En tal fecha, su embajador proclamó con regocijo la buena nueva ante la comunidad internacional en Nueva York, cuando el Comité Preparatorio de Naciones Unidas analizaba el cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo. Entre el público, una teóloga feminista argentina-- Coca Trillini--se preguntaba: ¿a quiénes beneficiará tan metafísico decreto?

    En tanto, el Banco Mundial --concebido sin mácula izquierdista o feminista-- informaba que en la Argentina de fin de siglo viven 13 millones de personas pobres y 3.5 millones de indigentes, incluidos niños ya nacidos, por los que poco y nada hace su presidente.

    Es sabido que en estas latitudes latinoamericanas --Nicaragua incluida-- miles de niñas y niños no deseados nacen bajo el mandato construido a lo largo de los siglos y que con más o menos fuerza resuena en la conciencia de muchas mujeres: “Parirás con dolor todos los hijos que el Señor te dé”.

    También es de público conocimiento que en los asentamientos de Managua, en las favelas de Río de Janeiro, en las villas miseria de Buenos Aires o en los tugurios de Bogotá mueren diariamente cientos, miles, cantidad de niños y niñas, a consecuencia de la exclusión social generada por el neoliberalismo y sus políticas económicas.

    Es obvio que el piadoso corazón cristiano de los gobernantes prevalece en estas iniciativas, sin embargo no se sabe de medida alguna destinada a decretar el “Día del Niño (¿y la Niña?) ya Nacidos”, o a promover sus derechos en un Estado que responsablemente destine recursos para defender su calidad de vida, su educación o su salud, menos aún para garantizarles un ambiente familiar sin violencia sexual ni incesto, para que, en fin, puedan desarrollarse como personas en una sociedad democrática.

    Vecina de Menem en lo geográfico y en lo ideológico, la jerarquía católica chilena se opuso a que se cambien en la Constitución los términos “los hombres” por el más democrático “las personas”, puesto que --según su santa interpretación-- tras ello se esconde la intención de legalizar el aborto.

    Generosos en la derrota (su propuesta fue rechazada) fueron mas allá con sus consejos: que si algo se cambia debería ser el párrafo que dice “los hombres nacen libres e iguales ante la ley” por el reciclado “los hombres se conciben libres e iguales ante la ley”, declaración mediante la cual, suponemos, lograrán preservar la vida y el bienestar de sus conciudadanos para que no sean concebidos nuevos Pinochets que maten y torturen a mujeres embarazadas y, por consiguiente, a los no nacidos. Recordemos que las eclesiales voces que hoy se alzan guardaron con Pinochet un silencio cómplice.

    Dado que esta cruzada pica y se extiende, en Colombia acaba de ser presentada una propuesta de ley para “defender los Derechos del Feto” contra cualquier daño “físico o sicológico”. Al ser interpelados por integrantes del movimiento de mujeres sobre cómo los autores de esta iniciativa van a demostrar el daño sicológico de los fetos, respondieron: “Al momento del nacimiento”.

    ¿Será que esta ley podría involucrar a pediatras, vecinas entrometidas, suegras celosas y abuelas preocupadas por el recién inaugurado bebé?. Veamos: si llora demasiado, si no se prende rápido de la teta, o si no duerme bien, ¿será que sufrió daño sicológico? Y si se llegase a determinar que en efecto lo sufrió ¿cómo determinar quién es culpable? Será que los tests neurológicos de recién nacidos/as deberán adaptarse a esta metafísica legislación?. ¿Esteremos a las puertas de una nueva rama de la medicina, la sicología prenatal?

    Ante tales preocupaciones, y ya que la globalización lo permite, las feministas podríamos incorporar algunas recomendaciones: Dar a conocer en reportes oficiales cuántas niñas latinoamericanas son embarazadas debido a la violencia sexual y al incesto, que casi siempre ocurre en el seno de “la familia” tradicional que estos sectores defienden con tanto ardor. ¿Cuántas embarazadas adolescentes y jóvenes incrementan las tasas de mortalidad materna debido a las complicaciones del embarazo y el parto? ¿Cuántas adolescentes se practican un aborto inseguro y clandestino? ¿Cuántas mueren precozmente por falta de servicios de salud? ¿Cuántos adolescentes varones son responsables de embarazos tempranos por falta de educación sexual?.

    En Nicaragua, el actual gobierno podría dar respuesta a estas preocupaciones —no podría ser de otra manera. Por ejemplo, hay voceras/os autorizadas/os en el Ministerio de la Familia, que --recordemos-- fue creado para eliminar el caos reinante en la familia por la falta de valores morales, y que pretende “mejorar la calidad de vida de la población” mediante programas de educación sexual que promuevan la abstinencia, la castidad y los métodos naturales de planificación familiar. No nos han explicado todavía cómo lograrán convencer a los violentos machos para que practiquen tan sanas costumbres.

    En su afán por moralizar a la familia --y en especial a las mujeres-- se propone “salvaguardar los valores familiares” y la “recta moral” promoviendo el matrimonio para “legitimar” las uniones de hecho, aun cuando éstas alcanzaron igual estatus legal que el matrimonio desde la década anterior.

    Si ya demasiado grave es el panorama local, peor es cuando salen a las conferencias internacionales a exponer su particularísima posición: van a las Naciones Unidas defendiendo la cruzada del Vaticano --un Estado que no es Estado y que actúa como si su religión fuera universal. Junto a Argentina y sus singulares socios “occidentales y cristianos” como Sudán, Argelia y Marruecos, nos otorgan el derecho ciudadano de preguntarles ¿qué hace Nicaragua amancuernada con los fundamentalistas islámicos?

    Mientras los afanes criollos se enfilan a reciclar iniciativas de sus vecinos del Cono Sur defendiendo derechos de los no nacidos, la comunidad internacional, pretende hacer realidad el Programa de Acción de El Cairo que plantea: “Se debería prestar una asistencia más eficaz a las familias y a las personas que las integran que pueden verse afectadas por problemas concretos, como “la pobreza extrema, el desempleo crónico, la enfermedad, la violencia en el hogar, la violencia sexual la toxicomanía y el alcoholismo, el incesto y los malos tratos.”

    Como avizorando las desgracias que abaten a Nicaragua, El Cairo demanda que “se debería prestar más atención y manifestar mayor solidaridad a las “familias pobres” y a las “familias víctimas de la guerra”, la sequía, el hambre, los desastres naturales y la discriminación o la violencia, y hacer todo lo posible por mantener juntos a los miembros de las familias, permitir que se reúnan en caso de separación y velar por que tengan acceso a los programas gubernamentales destinados a prestar apoyo y asistencia a las familias vulnerables”.

    Este escenario, que pinta a Nicaragua tal y cual es, encuentra al partido gobernante, --supuestamente heredero de José Santos Zelaya, el presidente que en 1893 decretó la separación entre la Iglesia y el Estado-- pretendiendo mantener la estabilidad mientras con una mano se aferra a su moralizante cruzada pro feto, y con la otra se tapa los ojos ante las componendas y la corrupción que ronda las esferas gubernamentales que la prensa nacional revela a diario, y, confrontándose áspera y gratuitamente con todos los sectores sociales, se coloca de espaldas a la realidad vivida y padecida por los “ya nacidos”, (pero huérfanos del gobierno) hombres y mujeres, niñas y niños, adolescentes y jóvenes y no tan jóvenes de todo el país. Tal es, pues, la metafísica propuesta para formular las políticas que habrán de regir nuestro futuro como nación.

    EPILOGO: el 25 de enero del año 2000 (día del niño Jesús de Praga), el Presidente de Nicaragua por decreto 10/2000 estableció el Día Nacional del Niño por Nacer para ser celebrado todos los 25 de marzo, en conmemoración de la Anunciación de María Santísima. El artículo 14 de la Constitución Política de la República de Nicaragua dice “El Estado no tiene religión oficial”.

    * Directora de la organización no gubernamental Sí Mujer, de Nicaragua

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