MUJERES EN CHIAPAS

El derecho a participar I

Inés Castro Apreza. Desde 1994, el proceso que tiene lugar en Chiapas destaca a las mujeres indígenas y campesinas como sujeto público y político de una manera inédita. Entre sus virtudes está, precisamente, el hecho de haber alentado la movilización amplia de grupos tradicional y culturalmente no activos en las esferas públicas.

Buscando la génesis, esta participación social femenina data de principios de los años ochenta, expresada fundamentalmente a través de su incorporación a procesos productivos artesanales. Tras un largo proceso de aprendizaje, y todavía con muchas limitaciones, ellas han asumido el liderazgo y el control de casi todas las fases del proceso productivo y de comercialización, algo que contrasta con lo que ocurre dentro de las organizaciones políticas y partidarias, así como en la estructura de poder y autoridad intracomunitaria.

En efecto, aunque dicha participación social y política es radicalmente nueva respecto de la historia inmediata, aún presenta limitaciones importantes. La mujer no concluye aún su apropiación del proceso productivo, no ha llegado a posiciones de liderazgo en las organizaciones campesinas mixtas ni, menos aún, en los espacios municipales.

Cómo definen ellas, pese a todo, este proceso de involucramiento social múltiple. Conceptos usados de manera amplia en México y el mundo en los últimos 15 años, tales como ciudadanía y derechos ciudadanos, no se encontraban en las comunidades indígenas y campesinas, sino hasta hace poco menos de una década. Ellos han sido esparcidos de manera fluida en los últimos años a través de los promotores de derechos humanos y de las mismas mujeres mestizas.

Para ser todavía más precisas, hay que señalar que son tres las fuentes básicas de ese aprendizaje y participación, a saber, el trabajo pastoral realizado por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, las organizaciones campesinas y los organismos no gubernamentales (ONG). El orden de intervención señalado es cronológico y también tiene una lógica de importancia en el tiempo y el espacio. La Diócesis inicia su trabajo en los años sesenta; las organizaciones sociales en los setenta y las ONG a finales de los ochenta.

Indígenas y campesinas tienden a referirse a su derecho a participar, así, en español, independientemente del idioma materno que hablen. El derecho a participar se socializa, se repite y se tematiza en los siguientes términos: supone una acción política en sentido liberal --pertenecer a un partido, votar, defender la legalidad y/o el resultado de las votaciones-- y no liberal --participar en un ejército popular, participar en una asamblea comunitaria regida por usos y costumbres, bloquear una carretera, hacer un "plantón", participar en una marcha del partido político o de mujeres como las del 8 de marzo.

Sin embargo, también puede ser una acción sociocultural, como involucrarse en talleres de capacitación diversa; y hasta una actividad económica, como comercializar los productos en los mercados situados fuera de la localidad --algo que en los ochenta y principios de los noventa era una labor de hombres--, viajar a otras comunidades diferentes a la propia, a otros estados dentro de México y, eventualmente, otros países, así como construir una nueva cooperativa de mujeres o formar parte de una ya existente.

En suma: en una medida variable, ellas parecen imputar un sentido propio a las ideas que les vienen del mundo externo. El derecho a participar es así todo aquello que se puede hacer fuera del espacio privado. Y no podría ser de otra manera en un sujeto públicamente no activo, según lo marcaba la tradición.

De frente a los usos y costumbres indígenas --que indefectiblemente ubican a la mujer en el así llamado espacio privado, es decir, en el ámbito de la familia y lo doméstico-- y de frente al Estado nacional, tener derecho a participar sería desde la perspectiva liberal la manera orgullosa de la mujer indígena y campesina de decir: soy y actúo como una ciudadana.

Con todas las limitaciones actuales y los cambios todavía por verse, es indiscutible que ese lenguaje y práctica nuevos suponen un serio cuestionamiento tanto a la teoría democrática liberal como a los usos y costumbres. A la primera, por ejemplo, porque se intenta llevar los "usos y costumbres" (es decir, la elección directa y no a través de las urnas) a nivel municipal; a los segundos, paradójicamente, porque las mujeres se incorporan de diferentes maneras y a distintos niveles en los espacios públicos, contraviniendo así la tradición.

Y el sincretismo en la política todavía no concluye. Aún no terminamos de ver los resultados de la combinación que las mujeres hacen, tanto en el lenguaje como en la práctica, de los dictados de su cultura tradicional y aquéllos que le vienen del mundo externo. Pese a todo los cambios que ya se vislumbran en sus vidas, han llegado para quedarse. ¿Incluirá el "derecho a participar", en algún momento, las dimensiones que todavía no tiene?