INTERLUDIO

De sexo, policías y extorsionadores

Lydia Cacho. Antes de la semana pasada el dicho popular cantaba: “La que de amarillo se viste en su hermosura confía”. Desde hace ocho días debe decirse, al menos en Cancún y en las cercanía de la super manzana 63: La que amarillo y negro se viste es trabajadora sexual y que se cuide de la extorsión policiaca.

Es una violación a los derechos humanos que el Cabildo haya aceptado un acuerdo del secretario del Ayuntamiento en el que fuerza a las trabajadoras sexuales a uniformarse de amarillo y negro para ser fácilmente identificadas por la policía. Ellas, ante la inminencia de verse obligadas a dejar su trabajo por el cierre de las casas de citas, han aceptado de buena manera las condiciones de el humillante estigma.

Esta discusión oficial sobre el asunto del trabajo sexual (o prostitución como algunos insisten en llamarle) resultaría inverosímil si no fuera porque afecta a los derechos humanos de las sexoservidoras. Los esfuerzos del Vikingo, nuevo director de Seguridad Pública, por “erradicar” la prostitución de una zona habitacional en la que las familias se quejan de la existencia de casas de citas, son válidos; pero la estrategia es equivocada, porque niega el problema de raíz. Para variar se usa la fuerza en lugar de la inteligencia del Cabildo y de los poderes Legislativo y Judicial. Me explico:

En artículo 133 del bando de policía y buen gobierno prohíbe expresamente el ejercicio de la prostitución, por tanto es una práctica 100 por ciento ilegal en este municipio. Ahora bien, dado que el trabajo sexual es reconocido como una realidad social innegable e imposible de erradicar; por debajo de la mesa y sin muchos aspavientos, las autoridades hacen arreglos para resolver esta paradoja como Dios les da a entender.

Por un lado, el cabildo negoció durante la administración de Carlos Cardín que se creara la zona de tolerancia, el famoso 21, en donde una actividad ilegal funciona “legalmente” de forma organizada, para beneficio de empresarios y mujeres sexoservidoras. De allí el famoso nombre de “zona de tolerancia” (se tolera una actividad que legalmente es considerada delito).

Lo que resulta absurdo es que las y los regidores, diputadas y diputados, no se han atrevido a hablar de manera seria, concreta y formal, sobre cómo legislar la despenalización de la prostitución. Podrían empezar cambiando esa designación peyorativa por la de “trabajo sexual”, porque es un negocio que responde a la ley de la oferta y la demanda, con intercambio de humores y moneda corriente.

Luego de despenalizar se debe reglamentar dentro del espíritu legal vigente, hay que cuidar la prohibición del lenocinio para que los proxenetas no se fortalezcan más de lo que ya están para explotar y maltratar a las mujeres que venden servicios sexuales. De paso pueden fortalecer la prohibición de la prostitución infantil con penas máximas. Es indispensable que las discusiones del cabildo y de la Cámara de Diputados se hagan públicas, para que se sepa cuál es la postura de cada quien en este tema.

Esto resultaría favorable para toda la sociedad, especialmente para evitar que los funcionarios se tomen atribuciones que no les corresponden, como la de Eduardo Patrón, quien se tomó la libertad de firmar un acuerdo con las sexoservidoras de la 63 para asegurarles una “tregua legal” con la finalidad de que trabajen mucho, ahorren más y puedan mover sus negocios al 21.

Algunos defensores de los derechos humanos propusieron en el Distrito Federal que se reglamentara el ejercicio del trabajo sexual de la misma forma en que se hace con el uso de suelo. Así como se preservan zonas urbanas para habitación e industria, otras como áreas verdes se podría designar zonas de preservación del ejercicio de las trabajadoras sexuales. De esta forma, incluso dentro de la ley, no serían zonas de segregación para negar un fenómeno real, sino áreas especializadas lejanas a las zonas escolares y a las unidades habitacionales.

Y ya que estamos en el sueño guajiro, podríamos insistir en la posibilidad de que exista un grupo policiaco especializado en el tema y que quede prohibido que se arresten a las trabajadoras sexuales sin un delito comprobable de por medio. Esto podría resolver la arraigada y constante corrupción policiaca y el abuso, violación y extorsión de los cuerpos azules para con las negroamarillas.

¿Será posible que algún regidor o regidora se atreva a poner en la mesa la discusión de despenalización de la prostitución? Ya veremos. Mientras tanto esperamos observando a nuestra sociedad hipócrita y mustia reflejada en autoridades que se niegan a hablar de la sexualidad humana con apertura y seriedad desde el punto de vista legislativo. Que negocian con los proxenetas y discriminan a las trabajadoras.

* Editorialista y directora del suplemento Esta Voz es Mía, de Cancún Quintana Roo cacholydia@yahoo.com